Justicia internacional y prevención de las atrocidades

Europa necesita una estrategia más coherente en ámbito de justicia internacional

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El presidente de Kenia Uhuru Kenyatta se ha convertido en el primer jefe de Estado en comparecer ante la Corte Penal Internacional, donde se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad. Este caso del tribunal de La Haya – en riesgo ante la posibilidad de que el gobierno keniano esté ocultando pruebas – podría poner a prueba los límites de la justicia internacional. Mientras tanto las atrocidades presuntamente cometidas en Siria por el régimen de El Asad y grupos rebeldes como el Estado Islámico parecen estar fuera del alcance de la Corte Penal Internacional (CPI), tras el veto de Rusia y China a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para darle la jurisdicción en el caso.

¿Es incompatible el principio de la justicia internacional con la realidad de los poderes globales? ¿Y los esfuerzos por hacer a los criminales de guerra responsables de sus hechos con los difíciles compromisos que se alcanzan para poner fin a los conflictos armados? ¿Cómo pueden los países europeos cumplir el doble objetivo de acabar con las atrocidades y defender la justicia? Este nuevo informe de ECFR, “International Justice and the Prevention of Atrocity”, elaborado por el investigador sénior Anthony Dworkin, busca respuestas a estas preguntas.

El informe defiende que los países europeos deben mejorar su coordinación en este ámbito. Con frecuencia, las decisiones sobre justicia son adoptadas al margen de objetivos más amplios en política exterior y, con ello, se arriesgan a poner a los tribunales en una posición en la que pueden suponer un obstáculo para la paz, pero también pueden quedar aislados si estos países fracasan a la hora de respaldar su trabajo.

Para evitarlo, el informe ofrece varias recomendaciones:

  • Los estados deberían evitar el uso de la justicia como una herramienta para influir en las dinámicas de los conflictos.
  • El Consejo de Seguridad de la ONU debería referir a la CPI solo casos excepcionales, y siempre y cuando esté seguro de que la ONU no respaldará después iniciativas políticas que ignoren las peticiones de la CPI.
  • Los estados deberían ser cautelosos con la idea de que recurrir a la CPI supone siempre una ayuda a su credibilidad.
  • Los estados deberían asegurarse de que los acuerdos de paz dejen espacio para una posterior rendición de cuentas y a una futura mejora del Estado de derecho, incluyendo la exclusión del poder de sospechosos de crímenes de guerra.