La tormenta de Netanyahu: Qué significa para los palestinos el giro antiliberal de Israel

El creciente antiliberalismo de Israel no puede separarse del sometimiento que han sufrido los palestinos durante décadas

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a la derecha, convoca una reunión del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el jueves 23 de febrero de 2023
Imagen de ASSOCIATED PRESS | Ronen Zvulun
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Israel se encuentra inmerso en protestas a gran escala contra el nuevo gobierno de extrema derecha del país, dirigido por el veterano primer ministro, Binyamin Netanyahu. En el centro de las mismas se encuentra un plan gubernamental para aumentar su control sobre el nombramiento de jueces y limitar la capacidad del Tribunal Superior de Justicia para anular la legislación que considere contraria a las leyes básicas de Israel (su cuasi Constitución). El antiliberalismo ha caracterizado durante mucho tiempo las relaciones del Estado de Israel con los palestinos. Ahora la extrema derecha israelí lo dirige también a los israelíes judíos.

En las últimas semanas, la tensión entre los ciudadanos de Palestina e Israel ha escalado hasta traducirse en violencia. Entre ataques aéreos y acciones militares, las tropas israelís mataron a 11 civiles en un ataque en Cisjordania. Pero las agresiones no quedaron ahí, los colonos en suelo palestino quemaron las casas de los locales a causa de un doble asesinato. En este contexto, la presión en la zona está aumentando mientras las protestas recorren la capital del país.

El nuevo gobierno, elegido en noviembre, es el más extremista de la historia del país. Además del Likud de Netanyahu, incluye dos partidos ultraortodoxos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), el anti-LGBT Noam, y el anti-palestino Otzma Yehudit (Poder Judío) —el descendiente ideológico del partido Kach que Israel, la Unión Europea y Estados Unidos han etiquetado como grupo terrorista—. Los partidarios de la reforma judicial la justifican como necesaria para frenar a un tribunal cada vez más intervencionista y devolver el poder a los representantes elegidos. Pero sus detractores la consideran una amenaza para la democracia israelí y un intento de Netanyahu de bloquear el juicio que se le sigue por fraude y soborno mientras ocupaba cargos públicos.

La coalición parece decidida a utilizar su mayoría parlamentaria para imponer su legislación a pesar de la escalada de protestas de los judíos israelíes en todo el país. Las advertencias de guerra civil, incluidas las del ex primer ministro Naftali Bennett, son alarmistas. Pero la polarización interna del país parece abocada a profundizarse. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha hecho un llamamiento al compromiso y está intentando mediar. Puede que lo consiga. Pero esto no significaría que la amenaza a las perspectivas democráticas de Israel haya terminado.

Los ciudadanos palestinos de Israel (que constituyen el 20% de la población) han evitado en gran medida unirse a las protestas. Aunque a menudo son los primeros en sufrir las consecuencias de las políticas de derechas, muchos de ellos se sienten poco interesados en un sistema israelí que otorga formalmente más derechos a sus ciudadanos judíos. También ha brillado por su ausencia en las protestas prodemocráticas, el tema de la ocupación y los asentamientos israelíes en territorio palestino.

En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos israelíes han erosionado la base territorial para una futura solución de dos Estados mediante la expansión de los asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania. Esta anexión de facto de territorio palestino ha ido acompañada de una campaña sistemática de demolición de viviendas, revocación de residencias y desplazamiento de la población palestina. En la actualidad, unos cinco millones de palestinos se encuentran bajo un régimen militar israelí de duración indefinida, sin un Estado propio ni los mismos derechos que sus vecinos colonos que son ciudadanos israelíes. La UE ha advertido de que Israel está consolidando una realidad de Estado único con desigualdad de derechos, ocupación perpetua y conflicto. Las principales organizaciones de derechos humanos han calificado esta situación de apartheid moderno.

La coalición gobernante, dominada por el movimiento de colonos, ha hecho de la aceleración y expansión de estas políticas una de sus principales prioridades. En los dos primeros meses de este año ha anunciado la construcción de más asentamientos ilegales que en los dos últimos años juntos. La decisión adoptada la semana pasada de construir 10.000 nuevos asentamientos y legalizar con carácter retroactivo nueve asentamientos no autorizados provocó una rara amonestación por parte de miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluido Estados Unidos. Sin inmutarse, el gobierno israelí está a punto de anunciar la construcción de miles de nuevos asentamientos, posiblemente en la zona E1 de Cisjordania, lo que, según ha advertido la UE, pondría en peligro la posibilidad de un Estado palestino contiguo. Mientras tanto, los ministros favorables a los colonos siguen presionando para la anexión formal del territorio de Cisjordania.

La coalición de extrema derecha también está adoptando un enfoque más duro con los propios palestinos, ampliando la base legal para revocar la ciudadanía o la residencia permanente —y posiblemente la de sus familias— de quienes hayan sido condenados por faltas de lealtad y terrorismo. Los más amenazados son los palestinos residentes en la Jerusalén Oriental ocupada, que Israel se anexionó ilegalmente en 1980.

Al otro lado de lo que queda de la Línea Verde —que divide Israel de los territorios que ocupó en 1967— la situación se deteriora rápidamente, lo que ha llevado al director de la CIA a advertir de una nueva intifada palestina. El año pasado fue el más mortífero para los palestinos desde el final de la segunda intifada en 2005. Este año se prevé aún más sangriento, con más de 50 palestinos muertos hasta la fecha a manos de las fuerzas israelíes. En los últimos 14 meses, 36 israelíes han muerto en ataques palestinos.

En respuesta a los ataques palestinos, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha impuesto una política de castigo colectivo contra los barrios palestinos de Jerusalén Este, que a su vez han iniciado una campaña de desobediencia civil. En Cisjordania, la intensificación de las incursiones militares israelíes en ciudades del norte, como Nablús y Yenín, desde la oleada de atentados palestinos en Israel la primavera pasada, está avivando aún más el fuego. Los palestinos también se enfrentan a un aumento de los ataques de los colonos israelíes, envalentonados por los ministros israelíes y que se benefician de la protección del ejército israelí. Todo ello está contribuyendo a impulsar el resurgimiento de grupos armados palestinos anteriormente inactivos, con vínculos con Hamás, la Yihad Islámica y el propio partido gobernante Al Fatah.

La remilitarización de amplias zonas de Cisjordania pone de manifiesto la debilidad del presidente Mahmud Abbas y de su Autoridad Palestina, a la que muchos palestinos acusan de colaborar con Israel para reprimir la resistencia a su ocupación. Con una legitimidad popular cada vez menor por la ausencia de elecciones nacionales durante casi dos décadas y un proceso de paz moribundo, Abbas lucha por reafirmar el control. En estas circunstancias, el plan estadounidense de reforzar la capacidad de seguridad palestina para combatir a los grupos armados exacerbará las tensiones internas palestinas. Todo ello se produce en un contexto de intensificación de las rivalidades entre los dirigentes de Fatah para suceder a Abbas como líder palestino, y de creciente distanciamiento de los activistas de base respecto a sus dirigentes de Ramala. Estas dinámicas palestinas apuntan a un desmoronamiento más amplio del proceso de paz de Oslo en Oriente Medio. Aunque hay factores internos en juego, en última instancia se trata de la culminación de décadas de política israelí de asentamientos destinada a bloquear la creación de un Estado palestino independiente. La llegada de un gobierno israelí más extremista corre ahora el riesgo de impulsar un colapso total del paradigma de Oslo.

Hasta la fecha, los gobiernos europeos se han mostrado reacios a abordar de frente las consecuencias de las acciones israelíes, y mucho menos a exigir responsabilidades a Israel por sus violaciones del derecho internacional. Estados como Alemania y el Reino Unido se oponen desde hace tiempo a que los palestinos recurran a mecanismos jurídicos internacionales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. Frente a los esfuerzos por alistar al «sur global» en la defensa del orden internacional en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, esto ha expuesto a los países europeos y a la UE a acusaciones de doble rasero que dañan su credibilidad internacional.

La preocupación europea por el futuro de la democracia israelí puede forzar un momento de ajuste de cuentas con el gobierno israelí. Pero cualquier respuesta eficaz debe reconocer que el actual retroceso democrático en Israel es un corolario de las políticas antiliberales aplicadas contra los palestinos durante décadas. Si no se le hace frente, el movimiento de colonos seguirá dominando la política israelí. Si Europa desea realmente invertir el giro antiliberal de Israel, debe abordar también sus raíces en los asentamientos de los territorios ocupados.

Versión original en inglés, traducción al español publicada por El Confidencial.

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