Europe?s social deficit and the next European elections

A ferry belonging to the company Viking leaves Helsinki at 9.45am, bound for Tallin across the narrow waters of the Gulf of Finland. At the same time, a ferry belonging to an Estonian company leaves Tallin for Helsinki. This is not a junior high school algebra problem about when they meet. The question is, they both do the same route and offer the same service, but one is full and one is empty – why? Answer: the Finnish ferry cannot compete, because it operates with Finnish workers collecting Finnish salaries, whereas on the other ferry, crew and salaries are both Estonian.

So what does the Viking company do? It creates a subsidiary in Estonia, puts its ferry Rosella under the Estonian flag, fires its Finnish employees and hires Estonians at far lower salaries. And the Finnish workers? Well, they report the case to the International Federation of Transport Unions, and go on strike to force Viking into a collective bargaining agreement to pay the same Finnish salaries, though to Estonian workers. The company goes to the European Court of Justice in Luxembourg, arguing that the union pressures and the strike constitute coercion upon freedom of establishment. In December 2007 the court ruled in favor of the company, arguing that the union pressure prevented Viking from exercising its legal right to set up a company in another EU member state.

In this case and similar ones (Laval and Rüffert), the European court has ruled in favor of the companies, and the unions claim this impairs their powers to ensure equal conditions for workers, regardless of nationality. As with the Bolkestein Directive, the directive on working time and other measures dismantle some of the key tools (such as collective bargaining and the right to strike) that have safeguarded the rights of workers in a globalized economy.

And this is a matter that deserves debate before the upcoming (June 7) elections to the European Parliament: Europe does not lean to the left. Not structurally, since the construction of a united Europe has had a marked liberal slant; or even in present political terms because the political left is in a minority, and will probably remain so after these elections, since the crisis has had no apparent influence on the electoral prospects of the right.

Since the 1980s, liberalizing market policies have advanced inexorably by means of qualified majority, while policies of a market-correcting or redistributive character have been either explicitly excluded from European construction, or have advanced at the snail’s pace determined by unanimous vote as the lowest common denominator of national idiosyncrasies. The recent EU enlargement has enhanced this trend, so that “social Europe” is now little more than a slogan.

The solution, however, does not lie in uploading the welfare state to the European ambit (surveys show that Europeans want social services to stay in the national ambit), but in considering what kind of European policies can compensate for the harmful ones. The EU budget is not going to be of much help, at 1 percent of European GDP (and dropping) – barely enough to compensate the farmers and the poorest regions. But the EU’s power lies not so much in its budget as in its capacity to pass laws that take precedence over national law and have direct effects in the protection of workers, consumers and the environment.

This is why the European Parliament is important. It will have the last word in passing, rejecting or amending new legislation proposed by the Commission or by member states legislation that may deeply affect the life of the average citizen. There are times when Europe seems like something very far away, and others when it is right here with us, though rather more to the right than many people might like. [email protected]

This article was published in El País on 27 April 2009. 

(English Translation)

Europa no es de izquierdas

Un transbordador de la compañía Viking sale de Helsinki a las diez menos cuarto en dirección a Tallin. A la misma hora, un transbordador de una compañía estonia sale de Tallin en dirección inversa. Pero la pregunta no es, como en los cuadernos del colegio, a qué hora se cruzan, sino por qué, si los dos hacen el mismo trayecto y dan el mismo servicio a los pasajeros, uno va lleno y otro vacío. Respuesta correcta: el ferry finlandés no puede competir porque opera con trabajadores que cobran salarios finlandeses mientras que en el otro los trabajadores cobran salarios estonios.

¿Qué es lo que hace la compañía Viking? Crea una filial en Estonia, rematricula su transbordador Rosella bajo pabellón estonio, despide a sus empleados finlandeses y contrata a otros estonios por salarios más bajos. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores finlandeses? Denunciar el caso ante la Federación Internacional de Sindicatos del Transporte e ir a la huelga para forzar a Viking a firmar un convenio colectivo que le obligue a mantener los salarios aunque contrate trabajadores estonios. La empresa acude al Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, y argumenta que las medidas de presión de la federación de sindicatos y la huelga suponen una coacción a la libertad de establecimiento. El tribunal, en su sentencia de diciembre de 2007, da la razón a la empresa argumentando que la presión sindical impide a Viking ejercer su legítimo derecho a establecerse en otro Estado miembro.

Golpe a los sindicatos

Esa sentencia se produce en paralelo a otras similares (Laval o Rüffert), que se refieren a hechos parecidos acaecidos en Suecia o Luxemburgo, y en las que la justicia europea ha venido dando la razón a las empresas. Al decir de la Confederación Europea de Sindicatos, estos pronunciamientos del tribunal reducen las posibilidades de los sindicatos de garantizar condiciones de empleo iguales para los trabajadores independientemente de su nacionalidad. Sumadas a directivas como la Bol-kenstein o las 65 horas son interpretadas por los sindicatos (y por gran parte de la sociedad) en términos de desarme forzoso de herramientas clave (como la negociación colectiva o el derecho de huelga) para asegurar los derechos de los trabajadores en una economía abierta y globalizada.

Todo ello apunta a un problema que merece la pena discutir en profundidad con motivo de las próximas elecciones europeas del 7 de junio: que Europa no es de izquierdas. Ni lo es estructuralmente, ya que la construcción europea tiene un evidente sesgo liberal, ni lo es coyunturalmente, porque la izquierda política está en minoría, y casi seguramente lo seguirá estando tras los comicios europeos, ya que la crisis no parece afectar a las perspectivas electorales de los partidos conservadores.

Desde los años ochenta, las políticas liberalizadoras y de mercado han avanzado imparablemente por la senda de la mayoría cualificada mientras que las políticas correctoras de mercado o de carácter redistributivo o bien han estado explícitamente excluidas de la construcción europea o bien han avanzado al paso de tortuga marcado por la unanimidad, el mínimo común denominador y las idiosincrasias nacionales. Además, la última ampliación ha reforzado esta tendencia de tal manera que la Europa social es hoy poco más que un eslogan.

La solución no está, sin embargo, en transferir el Estado de bien-estar al ámbito europeo (las encuestas dicen que los europeos quieren que las prestaciones sociales se mantengan en el ámbito nacional), sino en pensar conjuntamente de qué forma pueden las políticas europeas compensar a aquellos mismos que perjudican. Obviamente, esto no va a ocurrir vía el presupuesto europeo: con el 1% del PIB europeo a su disposición (y bajando), Europa apenas alcanza a compensar a los agricultores y a las regiones más pobres. Pero el poder de Europa no está en sus presupuestos, sino en su capacidad de elaborar leyes, leyes que priman sobre el derecho nacional y que tienen efecto directo sin necesidad de ser traspuestas al ámbito nacional, leyes que pueden proteger a los trabajadores, a los consumidores, a los ciudadanos o al medio ambiente.

Es por esa razón que el Parlamento Europeo es tan importante y, también, la razón por la que las elecciones europeas importan tanto. En la actualidad, y, más aún, si finalmente se aprueba el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tendrá la última palabra a la hora de aprobar legislación, pudiendo rechazar o enmendar la legislación que proponga la Comisión o los Estados miembros, legislación que afecta muy profundamente las vidas de los ciudadanos. Hay veces que Europa parece estar muy lejos, otras veces está aquí mismo, aunque más a la derecha de lo que nos gustaría.

Publicado en El País el 27 de abril de 2009